Corte Suprema archiva petición de Mujeres Confort

por Andreas el 4 Mayo, 2010

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MANILA, Filipinas – La Corte Suprema desestimó la petición de más de 70 mujeres de confort filipinas que buscaban obligar a funcionarios del gobierno a apoyar la demanda en búsqueda de una disculpa por parte del gobierno japonés ante tribunales internacionales.

En una decisión de 34 páginas el Juez Asociado Mariano del Castillo, dictaminó que la Corte también rechazó la moción de los peticionarios a declarar que los demandados cometieron graves actos de apreciación que incluyen la falta o el exceso de discrecionalidad en su negativa a adoptar las reclamaciones por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos contra esas mujeres.

Miembros de la Organización Malaya Lolas (MLO) presentó la petición en contra del Secretario de Relaciones Exteriores, Alberto Rómulo, la ex secretaria de relaciones exteriores Delia Domingo Albert, el Secretario de Justicia y ahora ex defensor del pueblo, Merceditas Gutierrez, y el ex procurador general Alfredo Benipayo.

La organización sin fines de lucro MLO fue establecida para proporcionar ayuda a las víctimas de abusos sexuales de los militares y la violencia cometidos por Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

El Tribunal consideró que las reclamaciones de los nacionales en contra de un gobierno extranjero son un asunto de relaciones exteriores, que deben ser tratados por los poderes políticos y no por los tribunales de justicia.

"Por supuesto, que en gran medida simpatizamos con la causa de los peticionarios, y no podemos siquiera comprender el horror inimaginable que sufrieron en manos de los soldados japoneses. Lamentablemente, no está en nuestro poder ordenar al Poder Ejecutivo a tomar la causa de los peticionarios. La nuestra es sólo la facultad de instar y exhortar al Poder Ejecutivo a tomar la causa de los peticionarios", afirmó el magistrado.

Las víctimas indicaron en la petición, que es nula la renuncia a los reclamos hecha por el gobierno de Filipinas en el Tratado de Paz con el Japón de 1951.

Dijeron que la negativa del gobierno a apoyar su reclamación contra el Japón violó su obligación legal de no permitir la impunidad por los crímenes de lesa humanidad.

Además, insisten en que la aceptación de las disculpas del Japón por parte del gobierno filipino, así como de los fondos del Fondo de las Mujeres de Asia son contrarios al derecho internacional.

La Corte Suprema tomó nota de que el Poder Ejecutivo ha determinado que la adopción de la causa de los peticionarios iría en contra de los intereses del país en la política exterior, y podría romper las relaciones con Japón y crear graves consecuencias para la estabilidad en la región.

Agregó, que "para nosotros, revocar la decisión del Poder Ejecutivo significaría una evaluación de las sentencias de la política exterior hecho que comprometería constitucionalmente al Poder Judicial.

Además, la Corte destacó que, contrariamente a las afirmaciones de los peticionarios, las Filipinas no está bajo ninguna obligación internacional de adherirse a sus reclamos en contra del Japón.

La Corte explicó que en la actualidad, "no hay evidencias suficientes para establecer una obligación internacional general para que los Estados  ejerzan protección diplomática a sus nacionales en el exterior."

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