Peruanos-japoneses internados ilegalmente durante la guerra en Estados Unidos buscan justicia.

por Admin el 17 Marzo, 2017

en Biografías

Por Casey Tolan – SAN JOSÉ — Los primeros recuerdos de Art Shibayama en los Estados Unidos están llenos de guardias armados y alambre de púas.

Él sólo tenía 13 años cuando su familia fue deportada del Perú a un campo de internamiento en el Sur de Texas, como parte de un programa del gobierno de los Estados Unidos  mediante el cual encarcelaron a más de 2.000 latinoamericanos de ascendencia Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, a los 86 años de edad el residente de San José, California  tiene la esperanza de arrojar algo de luz sobre el oscuro y poco conocido capítulo de la historia de Estados Unidos. Él se dirigirá a Washington, DC, la próxima semana para una audiencia al frente de una destacada comisión de derechos humanos, más de 70 años después de que primero le fuera arrebatada su casa en el Perú y detenido.

"Creo que es hora de que testifiquemos," dijo lenta y suavemente Shibayama que luce un pelo canoso . "Tal vez podamos conseguir que esta vez se haga justicia."

Ya han pasado casi tres décadas desde que los Estados unidos se disculparon formalmente por encarcelar a cerca de 120.000 personas de ascendencia Japonesa durante la guerra. Pero el gobierno de Estados Unidos también coordinó con otros 13 gobiernos la cacería de ciudadanos de ascendencia japonesa en toda América Latina, esencialmente secuestrándolos y encarcelándolos en un país en el que nunca había puesto un pie. Y hasta el día de hoy el gobierno de Estados Unidos se ha negado a conceder a los internados latinoamericanos igualdad de compensación por su sufrimiento.

"Ese fue un crimen de guerra estadounidense, pero nadie lo llama así," dijo Roger Daniels, un ex profesor de historia en la Universidad de Cincinnati, quien ha estudiado las ilegales detenciones.

Las deportaciones y detenciones fueron orquestadas por funcionarios de Estados Unidos temerosos por un posible ataque japonés sobre el Canal de Panamá, dijo Daniels. Además, los estadounidenses utilizaron a los detenidos como rehenes para intercambiarlos con el gobierno Japonés.

En total, 2,264 japoneses latinoamericanos fueron deportados a campos de internamiento en los Estados Unidos, según el "Japanese Peruvian Oral History Project"  (Proyecto Peruano Japonés de Historia Oral), de San Francisco, organización  sin fines de lucro. El grupo estima que somos menos de una docena de esas personas las que estamos viviendo en el área de la Bahía de San Francisco. Alrededor del 80 por ciento provino del Perú.

Los padres de Shibayama se encontraban entre los miles de japoneses que habían salido de Japón para encontrar trabajo en el Perú. Su padre tenía una exitosa empresa textil, y la familia vivía en una casa de cinco habitaciones con una criada y un chofer.

Pero todo eso cambió en marzo de 1944, cuando el gobierno arrestó a la madre de Shibayama y con su familia fueron entregados a funcionarios de Estados Unidos. Él recuerda estar atrapado debajo de la cubierta de una nave de  transporte del Ejército de Estados Unidos durante los 21 días de viaje a Nueva Orleans, y sólo permitiéndosele subir a la cubierta para respirar un poco de aire fresco por sólo unos 10 minutos al día. Los japoneses-peruanos fueron llevados en tren a Crystal City, Texas, a unas 100 millas al suroeste de San Antonio.

Durante los siguientes 2 años y medio, Shibayama vivió en las sombras del campo rodeado de alambres de púas, con las ametralladoras de los guardias apuntándoles desde las torres. En la escuela se impartía en inglés y japonés, mientras que Shibayama sólo hablaba castellano. El adolescente pasó las tardes jugando softbol y baloncesto y practicando judo en el polvoriento campamento, donde soñaban ir a su casa en Perú y hacerse cargo del negocio familiar.

Sin embargo, una vez que la guerra terminó, el gobierno de los Estados Unidos declaró que los "extranjeros ilegales" fueron detenidos, diciendo que habían entrado al país sin la debida identificación. Shibayama comprendió que su familia volvería a ser deportada — no a su casa en El Perú, en donde a los internados se les dio la espalda, sino a Japón, un país devastado por la guerra y al que no habían visto nunca.

"Ellos nos trajeron aquí y algunos de nuestros documentos fueron confiscados, y todavía nos llamaban extranjeros ilegales" dijo Shibayama. "Si algo fue ilegal, fue lo que ellos hicieron".

Como Shibayama y su familia lucharon contra el proceso de deportación en la corte —  finalmente, ganaron el derecho de permanencia — cruzaron el país para trabajar en un New Jersey en una empresa de alimentos congelados que empleaba a cientos de ex internados. Después, vivió en Chicago, donde Shibayama fue reclutado por el Ejército y sirvió durante la Guerra de Corea. Más tarde se convirtió en un ciudadano de los EE.UU. y se trasladó a San José en California donde tuvo una estación de gasolina en la ciudad del área de Cambrian.

A través de los años, se incrementó el reconocimiento de que el internamiento de los japoneses fue una "grave injusticia", como cuando una comisión del Congreso lo determinó así en 1980. En 1988, el Presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Libertades Civiles, ofreciendo una disculpa formal y una indemnización de $20.000 a los japoneses-estadounidenses internados. Pero cuando Shibayama solicitó su parte de las reparaciones, se la negaron. La ley garantizaba la reparación únicamente a las personas que eran ciudadanos de EE.UU. o residentes permanentes cuando fueron internados.

Después de años de disputas legales, en 1999 mediante un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos se garantizó a los detenidos latinoamericanos su propia carta de disculpas y $5,000. La mayoría de los ex detenidos aceptaron el acuerdo — algunos habían abandonado el país o, simplemente, querían seguir adelante con sus vidas.

Pero Shibayama y un puñado de otros lo rechazaron, no por la suma de dinero sino por el simbolismo de la aceptación de cualquier cosa menor que la que se les dio a otros internados, dijo. La carta que él recibió ni siquiera estaba en papel oficial membretado ni mencionaba a los peruanos-japoneses.

"Fue como una bofetada en la cara", dijo Shibayama. "En realidad, nosotros fuimos peor tratados que los japoneses-estadounidenses, porque al menos ellos estaban en su propio país."

Después de varia apelaciones rechazadas para obtener la igualdad de remuneración en los tribunales de Estados Unidos, Shibayama está ahora, pasando la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que resuelve los conflictos de derechos humanos, en el Norte, Centro y Sur América. Es parte de la Organización de Estados Americanos, un grupo intergubernamental que normalmente se encarga de casos como el del asesinato en masa, de 23 de estudiantes universitarios en México en 2014 o la violencia contra los activistas de derechos humanos en Honduras.

La comisión aceptó la petición de Shibayama y sus dos hermanos y se celebrará la audiencia sobre su caso el martes. En la oficina de la comisión, a sólo dos cuadras de la Casa Blanca, Shibayama va a contar su historia a siete jueces de derechos humanos a los que se pedirá decidir si él y sus hermanos se merecen la misma compensación que los otros internados de ascendencia japonesa.

Paul Mills, abogado de Shibayama, dijo que está optimista acerca del  resultado de la audiencia. "Realmente, la ilegalidad de lo que pasó en virtud del derecho internacional, es como que dos más dos es igual a cuatro", dijo.

Mills dijo que dudaba de que alguien desde el gobierno federal intente siquiera argumentar en contra de su caso. En los documentos de la comisión, los abogados del gobierno anteriormente argumentaron en contra de la petición de admisibilidad, pero no mencionaron los méritos de los argumentos de Shibayama. Un portavoz del Departamento de Estado declinó comentar sobre el caso.

Si Shibayama logra obtener un fallo a su favor, esto no significará mucho en términos prácticos: La comisión no tiene poder para hacer cumplir sus decisiones. Pero una decisión de la comisión sería una poderosa declaración moral y pondrá sobre el tapete la existencia de este problema, dicen los defensores de los internados.

"Este es un asunto sin concluir de la Segunda Guerra Mundial", dijo Grace Shimizu, cuyo padre fue secuestrado en el  Perú y encarcelado en Texas.

Shimizu, quien creció en el Área de la Bahía de San Francisco,  fundó el Proyecto Peruano Japonés de Historia Oral, también declarará en la audiencia. "Esto es importante no sólo por la conmemoración histórica del hecho, sino también porque es relevante para los desafíos que enfrentamos en términos de la defensa de nuestra Constitución y la democracia".

La audiencia surge porque el internamiento de japoneses ha reaparecido hoy en día a la luz de la política estadounidense. En una aparición televisiva la semana posterior a la elección de Donald Trump, un portavoz del SuperPAC pro-Trump específicamente mencionó la detención de las personas de ascendencia Japonesa como "un precedente" para un posible procedimiento contra los Musulmanes. En 2015, Trump dijo a la revista Time que no sabía si hubiera apoyado o si se habría opuesto al internamiento de los japoneses, si hubiese vivido durante la Segunda Guerra Mundial.

Shibayama dijo que espera que al continuar la lucha por la igualdad en la compensación, ayude a educar más a los estadounidenses acerca de lo que pasó.

"Esa es la razón por la que seguiré haciendo algo como esto, así la gente va a aprender de ello" – dijo – "para que este tipo de cosas no le vuelvan a sucederle a ningún otro pueblo."

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